Por Nómadas Press
A cuatro años del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, ocurrido en enero de 2022 en Tijuana, su esposa, María Elena Frausto Granados, denunció que el caso sigue sin justicia plena y que las autoridades estatales y federales han dejado a la familia en el desamparo.
En declaraciones a medios de comunicación, Frausto Granados aseguró que no ha recibido información oficial sobre avances en la investigación ni acompañamiento institucional, pese al impacto del crimen y a las medidas de protección que se anunciaron tras el asesinato del periodista.
“Han sido cuatro años muy difíciles, porque nosotros todavía estamos fuera de aquí, de donde siempre hemos vivido. Pero, pues de las autoridades yo no he sabido nada. No me han dado ninguna respuesta, no me han dicho nada”, expresó.
Señaló que la falta de comunicación ha sido constante, incluso en los últimos meses. “Yo no he sabido nada hasta ahorita, igual que el año pasado, nada. A mí no me han dado asesoría, no me han dicho nada”, afirmó, al relatar que solo ha recibido información por terceras personas.
Frausto Granados explicó que le informaron de manera informal que debía estar inscrita en una plataforma de atención a víctimas, pero nunca recibió seguimiento. “Cosa que yo me fui y yo no supe ya nada. Nada, nada, nada de eso”, lamentó ante la prensa.
También denunció la incertidumbre jurídica y personal en la que vive, ya que continúa fuera de su hogar por razones de seguridad y por problemas estructurales en su vivienda. “Me gustaría tener una cita con alguna autoridad para poder hablar directamente con ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros?”, cuestionó.
Sobre el proceso judicial, recordó que hay dos personas sentenciadas por el asesinato, pero que existe una más pendiente y posibles implicados que no han sido esclarecidos. “Según lo dijo el fiscal, había más personas involucradas que no están en la carpeta de investigación”, señaló.
Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a balazos el 17 de enero de 2022 afuera de su domicilio en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, un crimen que cimbró al gremio periodístico y evidenció los riesgos que enfrentan quienes documentan la violencia en Baja California.
