TIJUANA, B.C. – Un grave caso de posible corrupción judicial y violencia vicaria ha estallado en los juzgados familiares de Tijuana. En una decisión que tomó menos de 24 horas, la jueza Karen Daniel otorgó la custodia provisional de tres menores de nacionalidad francesa a su padre, César Alberto García García; sin embargo, los niños se encuentran actualmente desaparecidos y bajo una alerta de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Un proceso plagado de irregularidades
La defensa legal de la madre y el colectivo CESODI han denunciado que la resolución de la jueza Daniel no respondió a un criterio jurídico basado en el bienestar de los menores, sino a una instrucción directa del Juez Primero Familiar, Diego Baruch Cortés Becerra.
Según las denuncias, el proceso se aceleró de manera inusual tras una serie de acciones del padre para aislar a la madre, Cecili Colin, de origen francés:
1. Desalojo: El 30 de enero, García García logró expulsar a Colin del domicilio conyugal argumentando que el contrato de renta estaba a su nombre.
2. Custodia Exprés: Inmediatamente después, solicitó la custodia total y un régimen de visitas de apenas un día por semana para la madre.
3. Argumentos sin pruebas: La custodia se otorgó bajo el supuesto «riesgo de sustracción internacional» debido a la nacionalidad de los niños, un señalamiento que, según Estefanía Placencia (cofundadora de CESODI), nunca fue sustentado con evidencias.
Cronología contradictoria y desaparición
El caso ha dado un giro alarmante. Aunque la orden judicial obligaba a la entrega de los menores, el padre no se presentó en los juzgados civiles para recibirlos de manos de la madre.
Paralelamente, este viernes la FGE activó una pesquisa de localización para los menores de 3, 6 y 8 años, advirtiendo que podrían estar en peligro. Lo más desconcertante es que el reporte de desaparición data del 26 de enero, una fecha previa a que el padre ejecutara el desalojo de la madre y los niños de su vivienda en el fraccionamiento Cubillas.
Clamor por justicia
Cecili Colin, quien se encuentra en México sin red de apoyo familiar, denunció ser víctima de violencia vicaria —aquella que utiliza a los hijos para dañar a la madre—. En una declaración pública, Colin exigió detener la exposición mediática de los pequeños y frenar el hostigamiento legal.
«Los niños no tienen la culpa. Que pare esta violencia», expresó la madre ante los medios.
Mientras las autoridades buscan el paradero de los menores, el expediente continúa abierto en el juzgado familiar, bajo la sombra de un actuar judicial que privilegió la celeridad sobre la seguridad de los infantes.
