La decisión de la fiscalía general de la República (FGR) de atraer la carpeta de investigación por la agresión al periodista
mexicalense Jorge Heras no es un trámite menor: es un mensaje político, institucional y simbólico en un contexto donde la violencia contra la prensa sigue siendo una herida abierta en Baja California y en el país.
La agresión contra Jorge Heras, ocurrida mientras ejercía su labor periodística en Mexicali, encendió alertas inmediatas en el gremio. No se trató únicamente de un hecho violento aislado, sino de un ataque que toca directamente el derecho a la libertad de expresión y el acceso de la sociedad a la información. En un estado fronterizo, donde el periodismo suele incomodar intereses políticos y criminales, el riesgo se multiplica.
Que la FGR atraiga el caso implica reconocer que la agresión a un periodista no es un delito común, sino un posible atentado contra garantías constitucionales. También deja entrever una lectura crítica sobre las capacidades —o limitaciones— de las instancias locales para investigar con profundidad, imparcialidad y sin presiones.
Desde la óptica del análisis político, el fondo del asunto es claro: cuando se agrede a un periodista, se busca enviar un mensaje de intimidación colectiva. No es solo Jorge Heras; es el resto del gremio y, por extensión, la ciudadanía. Por ello, la atracción del caso por parte de la FGR genera expectativas altas: no basta con judicializar, se necesita esclarecer el móvil, identificar responsabilidades y evitar la impunidad.
Baja California no puede normalizar la violencia contra la prensa. Cada agresión no atendida a fondo erosiona la confianza en las instituciones y debilita la democracia. La intervención federal abre una ventana de oportunidad para sentar un precedente claro: en México, informar no debe costar golpes, amenazas ni silencios forzados.
El reto ahora es que la atracción del caso no se quede en el discurso. La credibilidad de las autoridades —locales y federales— estará en juego en la medida en que este proceso se traduzca en justicia real y en garantías efectivas para que el periodismo en Baja California se ejerza sin miedo.
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