Antonio Heras
El Instituto Estatal Electoral de Baja California incurre en la opacidad e incluso e. ilegalidades del debido proceso y del reglamento interior en las notificaciones de sanciones administrativas contra particulares.
Lo único cierto es la incertidumbre en este organismo que nació ciudadano hasta pervertirse en lo que es ahora: caterva peninsular.
Versiones de abogados especialistas en derecho electoral los proyectos de sanciones se presenran directamente en las sesiones para su votación directa, sin cumplir con la normatividad que considera el conocimiento de consejeros electorales y de partidos políticos, quienes mantienen un silencio cómplice.
Hay total opacidad en el registro oficial de las quejas presentadas ya en documentos físicos o en archivos electrónicos.
Un caso es la queja de la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, quien habría presentado una queja contra el periodista Said Betanzos por considerar supuesta violencia política.
El IEEBC omitió informar al periodista sobre el contenido de la queja sobre una nota donde una diputada local acusa a la alcaldesa de tener vínculos con el crimen organizado. El recurso se centra en forma exclusiva, en un señalamiento sobre la influencia en el gobierno de un hermano de la morenista.
El aludido es socio del consejero presidente del IEEBC quien, por cierto, se excusó de participar en el registro de la candidatura de Adame en 2024 por tener «relación societaria» con sus dos hermanos.
Dos años después, el funcionario electoral recibió y, hay quien acusa, impulsó la queja de la hermana de sus socios.
La incógnita es si se trata de violencia política en razón de género o en razón de sociedad.
La estulticia es mala consejera, sobre todo en lo electoral.
Como periodista vetusto me pronunció a favor de la transparencia, rendición de cuentas, libertades y derechos, incluida la de una vida libre de violencia para las mujeres.
Hay una deuda histórica, sin duda, sobre todo por el patriarcado que, cierto estoy, se generó por sistemas económicos de explotación y no por géneros.
En cuestiones de democracia y de la cosa pública es determinante la transparencia y la rendición de cuentas para bien de la sociedad, más allá de las componendas entre consejeros a modo que fueron propuestos por bancadas partidistas en el Congreso, representantes de partidos políticos con registro y funcionarios electorales.
El consejero presidente hizo pública su relación en sociedad con personajes de la función pública, ¿será posible conocer estos vínculos empresariales?
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