TIJUANA. — La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana informó la suspensión preventiva de dos elementos de la Policía Municipal por presuntas faltas al Reglamento de Servicio Profesional de Carrera y Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
La titular de la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, explicó que la medida consiste en la separación temporal del cargo mientras se desarrolla la investigación, con el propósito de garantizar la transparencia, la legalidad y el debido proceso.
📋 Contexto: intervención a directivos de CANACO
Los hechos se remontan al pasado 4 de febrero, cuando agentes municipales intervinieron a los tripulantes de un vehículo BMW, quienes se identificaron como presidente y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tijuana.
Entre ellos se encontraba Héctor Riveros, vicepresidente del organismo empresarial, cuya detención generó reacciones en el sector comercial local y cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado por los oficiales.
De acuerdo con la Sindicatura, los elementos habrían omitido reportar la intervención a la central de radio, incumpliendo el protocolo obligatorio previo a cualquier actuación policial. Este procedimiento es fundamental para salvaguardar la integridad tanto del personal operativo como de la ciudadanía.
La presunta irregularidad está contemplada en el numeral 35 del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera y Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana.
⚖️ Investigación y garantías procesales
Balderas Beltrán señaló que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso se inició una investigación de oficio, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía y fortalecer la confianza en los procesos internos del órgano de control.
Asimismo, puntualizó que los dos elementos suspendidos mantienen su derecho a la defensa y a percibir el 30 por ciento de su salario durante el desarrollo del procedimiento administrativo. No obstante, deberán permanecer separados de sus funciones y sin contacto con la ciudadanía hasta que se resuelva su situación jurídica.
La Sindicatura Procuradora reiteró su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la actuación responsable de los servidores públicos del municipio.
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