MEXICALI, BC.– Con el objetivo de evaluar las acciones institucionales en materia de desaparición forzada, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición de acuerdo económico para solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.
Desde tribuna, la legisladora planteó que el documento detalle el avance en la implementación de 20 medidas dirigidas a distintas autoridades estatales, enfocadas en la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada en la entidad.
Ang Hernández subrayó que la desaparición forzada constituye un delito y un crimen de lesa humanidad que vulnera gravemente los derechos fundamentales. Citó cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reportan más de 132 mil personas desaparecidas en México desde 1964 hasta enero de 2026, con una proporción significativa de mujeres jóvenes.
Recordó que, tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, México impulsó reformas relevantes, incluida la Ley General en la materia en 2017 y su armonización en las entidades federativas.
En el caso de Baja California, destacó que en abril de 2024 el Congreso local expidió la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, además de aprobar recursos para fortalecer a las instituciones responsables. Entre las acciones mencionó la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses y la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.
No obstante, advirtió que el contexto sigue siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias durante 2024 y un incremento de casos en la zona de Tijuana, lo que obliga —dijo— a reforzar la coordinación interinstitucional y la evaluación permanente de las políticas públicas.
La propuesta exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, a remitir a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito en un plazo no mayor a 30 días hábiles, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias.
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