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TIJUANA, BC.- En medio de un entorno económico marcado por decisiones comerciales internacionales y políticas públicas internas que, aseguran, no favorecen la inversión, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) lanzó un llamado directo a las autoridades para generar condiciones reales de crecimiento y certidumbre en la frontera.
Durante la reunión mensual del organismo empresarial, donde se abordó el tema “Nueva facultad de fiscalización en materia de CFDI y su blindaje estratégico legal”, el presidente de AIMO, José Luis Contreras Valenzuela, advirtió que la economía fronteriza enfrenta una doble presión que limita su competitividad.
“Estamos viviendo como el jamón del sándwich, ya que las disposiciones comerciales dictadas en la frontera nos dañan y la ausencia de una política pública clara también nos estrangula; si no fuera por la resiliencia del sector industrial fronterizo, esto nos asfixiaría”, expresó.
Piden enfoque económico, no político
El dirigente empresarial consideró que el gobierno federal debe concentrarse en definir estrategias económicas de fondo, en lugar de impulsar reformas que —a su juicio— responden a intereses político-electorales y no productivos.
“Necesitamos que la economía se mueva, que haya inversión y empleos; si no hay espacios democráticos y certeza jurídica, los caminos para el crecimiento se reducen. Lo prioritario debe ser generar valor, no monopolizar el poder”, señaló.
Asimismo, estimó que, si se reencauzan las decisiones económicas y se fortalece la relación trilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la recuperación podría comenzar a reflejarse en el segundo semestre del año, particularmente si se estabiliza el entorno comercial con Estados Unidos y Canadá.
Nueva fiscalización: riesgos para las empresas
Por su parte, Luis Antonio Ibáñez León, abogado fiscalista de la firma Global Business Advisor (GBA), explicó que durante la sesión se analizó la nueva facultad de fiscalización contenida en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Detalló que esta disposición permite a la autoridad suspender, desde el inicio del procedimiento, los certificados de sello digital.
“Esta modalidad de revisión implica riesgos operativos importantes para las empresas, ya que la suspensión se mantiene hasta que exista una resolución favorable, lo que obliga a las compañías a fortalecer sus estrategias de cumplimiento y blindaje legal ante un entorno fiscal cada vez más estricto”, advirtió.
Finalmente, el especialista subrayó que hoy más que nunca es indispensable revisar procesos internos y contar con protocolos claros de actuación, a fin de reaccionar de manera inmediata ante cualquier procedimiento de fiscalización.
En un contexto de alta competencia global y ajustes regulatorios constantes, el sector industrial de la frontera norte insiste en que la certidumbre jurídica y el impulso a la inversión serán determinantes para sostener el crecimiento y la generación de empleos en Baja California.
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