TIJUANA, BC.-El informe “Travesías forzadas, desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advierte que el desplazamiento forzado interno en el país se ha consolidado como una crisis humanitaria persistente, al registrar un total de 152 mil 464 personas desplazadas entre 2016 y 2024 a causa de la violencia, conflictos territoriales y violaciones a derechos humanos.
El documento señala que este fenómeno no es reciente ni aislado, sino una problemática estructural que ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Tan solo en 2024 se documentaron más de 28 mil personas desplazadas en al menos 13 entidades del país, lo que representa uno de los niveles más altos registrados en la historia reciente.
De acuerdo con el informe, las principales causas del desplazamiento son la violencia generada por el crimen organizado, enfrentamientos armados, disputas por el control territorial y agresiones directas contra la población civil. Estas dinámicas han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares como una medida de supervivencia ante contextos de riesgo extremo.
Entre las entidades más afectadas destacan Chiapas, que concentra más del 60% de los casos recientes, seguido de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia ha derivado en desplazamientos masivos y recurrentes. Asimismo, el informe advierte sobre el uso de nuevas formas de violencia, como drones con explosivos, que incrementan el terror en las comunidades.
El análisis también subraya que el desplazamiento interno no siempre ocurre en eventos masivos, sino que muchas veces se presenta de manera gradual o “gota a gota”, lo que dificulta su registro y visibilización. Esta característica provoca que las cifras oficiales sean consideradas como mínimas frente a la magnitud real del problema.
Además, se identifican patrones como el desplazamiento preventivo —cuando las familias huyen ante amenazas inminentes— y el desplazamiento múltiple, en el que las personas se ven obligadas a desplazarse en más de una ocasión debido a la persistencia de la violencia en distintas regiones.
El informe advierte que cada desplazamiento implica la pérdida de vivienda, empleo, redes comunitarias y estabilidad, generando ciclos de vulnerabilidad que se profundizan con el tiempo. Esta situación afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas y rurales, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a protección y reparación.
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