TIJUANA, BC.– La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, reveló avances en la investigación administrativa sobre la obra del malecón de Playas de Tijuana, la cual —aseguró— fue ejecutada de manera irregular por la pasada administración municipal, ignorando observaciones federales y poniendo en riesgo a la población.
En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que la PROFEPA notificó desde julio de 2024 que únicamente podían realizarse trabajos de rehabilitación en la zona, ya que el último Manifiesto de Impacto Ambiental vigente databa de 2009.
Balderas Beltrán subrayó que cualquier intervención distinta requería un nuevo manifiesto ambiental, además de medidas específicas para mitigar riesgos derivados de excavaciones y movimientos de tierra que comprometían la seguridad de residentes y comerciantes.
Derivado de estas irregularidades, la autoridad federal impuso sanciones económicas a la administración anterior por un total de 935 mil pesos —709 mil en una primera multa y 226 mil en una segunda—, montos que fueron cubiertos en 2025 por el actual gobierno municipal encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.
La síndica expuso que entre los hallazgos más relevantes se encuentran deficiencias técnicas graves en el proyecto, sondeos insuficientes, omisiones en estudios de transporte litoral y mareas, así como filtraciones, inestabilidad del terreno y falta de análisis sobre salinidad y humedad, además del incumplimiento de normas de planeación.
Precisó que la investigación administrativa involucra a diversos exfuncionarios, entre ellos el director de Obras e Infraestructura Urbana, la subdirectora de Normatividad, el secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, así como responsables de proyectos y supervisión de obra.
Sobre la situación actual del malecón, indicó que el Ayuntamiento se encuentra en espera de la resolución del nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental solicitado ante instancias federales, proceso que tomará tiempo y que forma parte de las acciones para mitigar riesgos.
Añadió que el XXV Ayuntamiento ya presentó un proyecto de ejecución ante la Federación, mientras que la Sindicatura ha emitido las resoluciones administrativas correspondientes con base en criterios de transparencia y responsabilidad.
Finalmente, informó que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, instancia que dará seguimiento a las audiencias y procedimientos legales para determinar responsabilidades.
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