EN LÍNEA BAJA CALIFORNIA
En Playas de Tijuana se construye algo más que concreto: un auténtico monumento a la corrupción. La remodelación del malecón, anunciada con bombo y platillo durante el gobierno de la exalcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, pasó de ser una promesa de desarrollo urbano a un símbolo del despilfarro y la opacidad gubernamental.
El proyecto, originalmente presupuestado en 200 millones de pesos, se ha disparado ya a los 300 millones. ¿La razón? Sencilla pero alarmante: mala planeación y corrupción. No se trata de suposiciones infundadas. Se trata de una cadena de decisiones erráticas que comenzó con el apresurado arranque de obra justo antes de que Caballero dejara el cargo, tras perder la candidatura de Morena a la reelección.
En ese contexto, el gobierno municipal otorgó un anticipo del 50 por ciento del valor del contrato a la empresa adjudicada, sin contar con estudios técnicos suficientes, sin una planeación integral, y lo peor: sin garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tan grave fue la omisión que Protección Civil municipal suspendió la obra a finales de 2024 por representar un riesgo para la población.
Hoy, parte del círculo cercano de la exalcaldesa está bajo investigación, y la misma Monserrat Caballero enfrenta señalamientos serios que no pueden ni deben ser ignorados. Los tijuanenses merecen saber a dónde fueron a parar los millones destinados a una obra que, en lugar de generar bienestar, ha dejado escombros, indignación y una estela de sospechas.
Este caso no puede cerrarse con una disculpa o un archivo más en los cajones de la impunidad. La ciudadanía exige respuestas claras, sanciones ejemplares y un compromiso real con la rendición de cuentas. Lo contrario sería normalizar el abuso del poder y perpetuar el saqueo con rostro de desarrollo.
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