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Tijuana, BC. — Frente a la inminente discusión en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Coparmex Tijuana lanzó una advertencia: si bien combatir el lavado de dinero es fundamental, la propuesta actual podría representar una sobrecarga desproporcionada para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega, destacó que la minuta, tal como se encuentra redactada, amplía obligaciones regulatorias que comprometen la operación cotidiana de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, que constituyen el 99% del tejido productivo nacional.
🔍 Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentran:
• La exigencia de identificar a todos los clientes con documentación oficial.
• La obligación de conocer a detalle a los beneficiarios de personas morales.
• La ampliación de operaciones sujetas a fiscalización por el SAT.
• La restricción al uso de efectivo, a pesar de los bajos niveles de bancarización en el país.
“La reforma implicaría inversiones altas en tecnología, capacitación y servicios externos que muchas empresas no están en condiciones de absorber”, explicó Vega.
Agregó que las sanciones económicas podrían superar los 7.3 millones de pesos o incluso alcanzar el 100% del monto de una operación, eliminando además el requisito de demostrar dolo, lo que abriría la puerta a responsabilidades penales automáticas.
Coparmex propone que el Congreso adopte un enfoque proporcional, escalonado y con incentivos, especialmente para las MiPyMEs, a fin de facilitar el cumplimiento y evitar que la sobrerregulación derive en mayor informalidad o cierre de negocios.
“El objetivo de combatir el lavado de dinero es compartido, pero no debe alcanzarse a costa de la viabilidad de las empresas que sí cumplen. México necesita reglas claras, justas y viables”, puntualizó Vega.
La iniciativa será discutida en comisiones durante las próximas semanas. Coparmex reiteró su disposición a dialogar con los legisladores para construir una reforma eficaz pero realista, que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan empleo.
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