La jornada del domingo 22 de febrero puso a prueba la capacidad de reacción del Estado en Baja California. Los hechos registrados en distintos municipios generaron tensión, incertidumbre y un inevitable cuestionamiento social: ¿están preparadas las autoridades para contener episodios de violencia coordinada?
La respuesta institucional fue clara y rápida. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda informó que los operativos desplegados derivaron en la detención de 25 personas, la atención de 29 incidentes y, lo más relevante, el restablecimiento total del orden sin personas lesionadas.
Desde la Mesa de Análisis de Baja California, el elemento central no es únicamente la cifra de detenidos, sino el mensaje político y operativo que se envía: la coordinación interinstitucional funcionó.
La actuación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evidenció una reacción estructurada y no improvisada.
Inteligencia y control territorial
De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se lograron mediante labores de inteligencia, análisis de videovigilancia y despliegues estratégicos en puntos prioritarios. Este dato es clave: la respuesta no fue únicamente reactiva, sino basada en información y monitoreo previo.
El hecho de que desde la 01:05 horas no se registraran nuevos incidentes y que el transporte público, de carga y de personal opere con normalidad, apunta a un control territorial restablecido en tiempo corto. En contextos de crisis, la recuperación de la movilidad es un indicador directo de gobernabilidad.
El desafío político
No obstante, el verdadero reto comienza después del restablecimiento del orden. La ciudadanía exige resultados sostenidos, no solamente contención momentánea.
Baja California, por su condición fronteriza y dinámica económica, es un estado estratégico. Cada episodio de violencia tiene impacto no solo en la percepción de seguridad local, sino en la confianza empresarial y en la relación binacional.
El gobierno estatal apostó por un mensaje de firmeza y coordinación. Ahora deberá sostenerlo con:
- Seguimiento judicial efectivo a los detenidos.
- Prevención de reacciones o reacomodos criminales.
- Comunicación constante y transparente con la ciudadanía.
- Fortalecimiento permanente de la Mesa de Seguridad.
La señal institucional
Lo ocurrido demuestra que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es indispensable y que, cuando existe sincronía operativa, la capacidad de respuesta mejora sustancialmente.
La gobernadora subrayó que la Mesa de Seguridad permanece en sesión permanente. Ese elemento no es menor: la seguridad hoy no se administra por eventos, sino por vigilancia continua.
El 22 de febrero fue una prueba de resistencia institucional. La reacción fue inmediata y contundente. La pregunta ahora no es si se pudo contener la crisis —eso quedó demostrado—, sino si se logrará consolidar un modelo preventivo que reduzca la necesidad de futuras contenciones.
En seguridad pública, la rapidez es importante. Pero la constancia es determinante.
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